Resumen: El condenado alega vulneración del derecho a la defensa y a la asistencia letrada, ya que careció de abogado designado para su defensa, pues hasta el auto de apertura del juicio oral no le fue nombrado abogado de oficio, el que no se comunicó con él hasta que éste se puso en contacto con la actual dirección letrada que asumió la misma, justo cuando se dictó auto de apertura del juicio oral y emplazamiento para presentar escrito de defensa, lo que imposibilitó que el letrado pudiera realizar una defensa efectiva así como proponer pruebas en la fase de instrucción. La Sala desestima el recurso. Para dar lugar a la nulidad de actuaciones no solo debe existir infracción de normas de procedimiento sino que dicha circunstancia, además, ha debido producir a quien solicita la nulidad una situación de indefensión, entendida como una lesión real y efectiva en sus intereses. Es cierto que el acusado, tras declarar como investigado ante el Juzgado de su residencia, no volvió a intervenir en el procedimiento hasta que se abrió la fase intermedia sin embargo, en ningún momento antes de este recurso se mencionó diligencia alguna que le resultara favorable y cuya práctica durante la instrucción pudiera haberse solicitado. En el recurso se hace mención a la grabación de las cámaras de la oficina bancaria en donde se realizó la retirada en efectivo del dinero ingresado en la cuenta del acusado pero se trata de una diligencia que pudo solicitarse en el escrito de conclusiones provisionales.
